Difícil de respirar

El Bajo Chira produce etanol a costa de los pulmones de la gente. 

LA HUACA, Piura --La industria del etanol parece estar trayendo más problemas que beneficios al valle del Bajo Chira.

Comenzando con una controvertida operación de compra-venta que llegó a involucrar a altas autoridades del Gobierno Regional de Piura (GOREPI), pasando por las emisiones de vinaza como llegó a determinarlo el docente de ciencias Simón Garragate Palomino, hace algunos años la población del distrito La Huaca (provincia Paita) comenzó a quejarse de la quema del rastrojo o la broza de la caña de azúcar.

Además de la poca visibilidad, que llegó a producir un accidente de carretera con muertes, la población se está quejando que la práctica pone en riesgo su salud aunque no ha podido probar clínicamente cómo. El etanol del Bajo Chira se obtiene desde la caña de azúcar, cultivo que a nivel internacional está siendo desplazado por alternativas menos contaminantes como la jatrofa o piñón (Jatropha curcas), arbusto que crece casi salvaje a lo largo de Piura y hasta es usado como cerco para los campos agrícolas.

Las dos empresas que operan el negocio inicialmente fueron Maple etanol y Empresa Agrícola del Chira. La primera quebró y vendió sus activos al Grupo Gloria, uno de los cinco más poderosos del Perú que la renombró como Agroindustrias Aurora; la segunda, según el GOREPI, se ha dividido en al menos dos empresas para controlar cada fase de la producción del biocombustible, siendo Caña Brava la más notable.

Durante mucho tiempo se creyó que Maple estaba relacionada con las olas de vinaza que llegaron a esparcirse a diario por el área metropolitana de Sullana, unos 20 km al este de su planta; por su parte, Caña Brava se ha visto involucrada en varios accidentes con los camiones que le transportan la materia prima, bajo cuyas llantas habrían fallecido personas y animales de carga, además de la quema de rastrojo.

En varias ocasiones, las empresas prometieron ante el GOREPI y la población que la quema iba a desaparecer aunque no especificaron en cuánto tiempo. Incluso hay quejas que el agua que usan para regar sus campos se está filtrando a las propiedades vecinas, llegando a inundarlas. Durante el verano de 2016, la población del distrito Ignacio escudero (provincia Sullana), donde Caña Brava tiene su planta, protestó porque los reservorios que ella utiliza habrían estado a punto de desbordarse debido a las constantes lluvias.

¿Quema controlada?
Las empresas no han reconocido responsabilidad o han declarado que podría ser culpa de sus proveedores, sobre los que desconocen mayor control. Encima, se acaba de revelar que pueden realizar algo llamado quema controlada, como aparece en sus Programas de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), un instrumento legal que fue discontinuado hace dos décadas para reemplazarlo por los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Para la Oficina de Recursos Naturales del GOREPI, el término quema controlada y los PAMA son un verdadero enigma, por lo que pidió una explicación al Ministerio de Agricultura, que parece haberlos permitido. El ex gerente de esa oficina, Ronald Ruíz, anotó que en las primeras versiones de los EIA no aparece ninguna mención a quema controlada, pues ya existe tecnología para deshacerse de los restos, la maleza y las alimañas que persisten tras el corte de la caña de azúcar.

Por su parte, la población ha acusado a la industria del etanol por generar contaminación del aire. El artículo 304º del Código Penal vigente lo define como "… que, infringiendo leyes, reglamentos o límites máximos permisibles, provoque o realice descargas, emisiones, emisiones de gases tóxicos, emisiones de ruido, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes en la atmósfera…será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.

Y la trampa viene a dos niveles: establecer los límites legalmente permisibles, y, una vez obtenidos, estar en el momento y lugar precisos con un medidor previamente validado por ley y peritos que recojan lecturas (además de un o una fiscal). En términos prácticos, implica tener un equipo científico-legal a disponibilidad las 24 horas del día para acudir de inmediato apenas se reporte la quema. Y si se detectara, para no incurrir en omisión, una orden judicial expresa que permita intervenir en propiedad privada si fuera el caso, lo que complica más cualquier intento de represión legal, y por consiguiente brindar tranquilidad a la población.

Las IRA de la población
Si la simultaneidad y la rapidez parecen fallar en este caso, una alternativa sería estudiar los efectos una vez que se pruebe están conectados con la quema de broza de caña de azúcar. En 1991 y 1992, Yolanda Hernández realizó un estudio con poblaciones aledañas a campos de cultivo de caña de azúcar en el estado Aragua (Venezuela) donde también se la quemaba tras cosecharla. Encontró una relativa conexión entre el procedimiento y la prevalencia de casos de bronquitis, asma y neumonía (pulmonía), que no le permitió concluir totalmente la causa con el efecto, pero sí le dejó varios indicios que podrían validarse con el tiempo.

Además de esa objeción, la industria etanolera piurana podría alegar que el estado Aragua es mayormente montañoso y frío, con temperaturas medias de 25°C, y con poblaciones que viven entre los 300 y los 1000 metros de altitud, en el fondo de los valles, lo que permite concentrar partículas de humo más eficientemente. El relieve del Bajo Chira es mayormente plano, casi sin elevaciones de importancia, y en el rango de los 40 a 60 metros de altitud con una temperatura media de 28°C. Aragua más bien se parecería al valle del Quiroz o al del Alto Piura, aunque con menos calor.

Sin embargo, todos los establecimientos de salud del área de influencia deben tener un registro actualizado de infecciones respiratorias agudas (IRA) anualizados y pormenorizados por semanas epidemiológicas. Junto con el cotejo de datos, peritos médicos podrían estar alertas ante la inflamación de vías respiratorias, tos, dificultades para respirar y obstrucción tanto en los bronquios como en los alveolos y lóbulos pulmonares.

El problema es que, si bien el GOREPI y la Municipalidad Distrital de La Huaca han convocado una mesa de trabajo multisectorial para resolver el caso, por ningún lado aparece la Dirección Regional de Salud o la Gerencia Subrregional de Salud Luciano Castillo Colonna. FACTORTIERRA sabe que el GOREPI ignora si las autoridades de Salud poseen estos registros médicos actualizados.

La mesa está conformada por los ministerios de Agricultura, de Ambiente y de Producción, Organismo Especializado de Fiscalización Ambiental (Oefa), Municipalidad de La Huaca, Defensoría del Pueblo, GOREPI y representantes de la sociedad civil. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha considerado este caso dentro de su lista nacional de conflictos socioambientales, y parece estar trabajando más estrechamente con la Fiscalía del Medio Ambiente.

Con informes de Radio Cutivalú y El Regional de Piura. © 2016 Asociación Civil Factor Tierra. Todos los derechos reservados.