Denuncia interesada

Se habría creado una organización solo para abrir un proceso legal a sus opositores.

 

Por Julio Vásquez Calle (Red Regional Agua, Democracia y Desarrollo)

 

CIUDAD DE PIURA – En julio de 2008, la quinta fiscalía de Piura inició los interrogatorios a las personas acusadas de terrorismo entre las que se encontraban dirigentes campesinos, alcaldes, y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).

 

Los notificados fueron el alcalde de San Ignacio (Cajamarca), Carlos Martínez Solano, presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN); los alcaldes Humberto Marchena (Ayabaca), Valentín Quevedo (Huancabamba), Ismael Huayama (El Carmen de la Frontera) y el teniente alcalde de Ayabaca, Deyber Flores, así como el gerente municipal de San Ignacio, Euler Jave Díaz.

 

También estaban comprendidos Javier Jahncke Benavente (Fedepaz), Wilson Ramiro Ibáñez (Red Muqui), Fidel torres (biólogo), Mario Tabra Guerrero  entre otros.

 

 La  mayoría de los acusados  son representantes de las poblaciones campesinas de la sierra de Piura y San Ignacio (Cajamarca)  que se oponen al proyecto Río Blanco Cooper (ex Majaz).  Hay que precisar que  la gran mayoría de los acusados impulsaron la consulta vecinal el 16 de septiembre de 2007 en los distritos piuranos de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera, donde la población acudió masivamente a expresar su posición en torno a la actividad minera como opción de desarrollo para esta zona, siendo rechazada mayoritariamente por un 96 por ciento de los votantes.

 

 El alcalde de San Ignacio calificó la denuncia presentada por el "autodenominado Frente de Unidad Segunda y Cajas" como una maniobra "desesperada del proyecto Río blanco  que presuntamente financiaba estas organizaciones paralelas con la intensión de dividir a las poblaciones". El Frente de Unidad Segunda y Cajas fue catalogado por los dirigentes comunales como una organización paralela que busca debilitar las organizaciones de base.

 

 El alcalde de Ayabaca aseguró no conocer a ninguno de los integrantes del Frente Paralelo: "yo a las personas que me han denunciado no las conozco (…) yo estoy indignado porque cualquiera puede ser denunciado sin ninguna causa, imputándome por terrorismo  cuando soy un alcalde que ha sido elegido por 5 periodos en el distrito de lagunas  y hoy en la provincia de Ayabaca".

 

 El FDSFNP  estaba integrado por los alcaldes de Ayabaca, Huancabamba, Pacaipampa, El Carmen de la Frontera, y otras organizaciones  comunales ante la preocupación de la gente campesina por la instalación del proyecto Río Blanco Cooper, el que pretende construir una mina de cobre en  las cabeceras de las cuencas del Chira y del Huancabamba, amenazando  la producción de agua para las partes bajas de Piura y Cajamarca.

 

 El alcalde de Ayabaca dijo "que su obligación es estar del lado del pueblo viendo sus problemas, cuando han determinado su desarrollo en la agricultura, ganadería y turismo".

 

Acusado por ayudar

Javier Janke Benavente, miembro de Fedepaz,  aclaró que si ha brindado algún apoyo, éste ha sido "a pedido de las autoridades, la población formalmente establecida a través de una  comunidad campesina y no a través de grupos formados por cuatro personas, sin ningún tipo de representatividad  ni participación en la comunidad, que nos ha pedido el apoyo para algún tipo de asesoría que se las hemos prestado", refiriéndose a la asesoría técnica gratuita que ha brindado.

 

Asimismo en torno a la acusación,  Janke afirmó que "es una denuncia interesada buscando desmovilizar a la población que en realidad está organizada y que tiene  una posición que no se está tomando en cuenta por parte de las autoridades en este momento".

 

Se esperaba imparcialidad

El abogado defensor David Velasco Rondón  reconoció que la fiscalía estaba cumpliendo su trabajo al llamar a las partes para que realicen su descargo y esperaba la imparcialidad del fiscal.

 

Al referirse a sus patrocinados dijo que "los denunciados (…) tienen una actividad pública reconocida en defensa de los derechos de las comunidades campesinas nativas, en el medio ambiente son personas inocentes y se les ha formulado una falsa denuncia, consideramos  que de  principio, no hacemos más que cumplir con el mandato del Ministerio Público para que ellos brinden sus declaraciones indagatorias", afirmó Velasco.

 

Las indagaciones de la fiscalía culminaron con los interrogatorios a fines de  agosto de 2008, luego de escuchar las versiones de las 35 personas acusadas  entre dirigentes comunales campesinos, alcaldes y profesionales.

 

 Preocupación Internacional

El estudio de abogados Heller Ehrman White & McAuliffe (HEWM) con sede en Washington, Estados Unidos y dedicado al amparo de los  Derechos Humanos  envió un análisis jurídico legal donde mostró su preocupación por la denuncia del autodenominado "Frente de Unidad de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas".

 

El análisis enviado por HEWM se debió a la preocupación de organismos internacionales por la vulneración de derechos humanos, según lo aclaró la carta dirigida al Fiscal Juan Ortiz Arévalo, presentada el 23 de julio por la abogada defensora Rosa Quedena Zambrano (Fedepaz) en la quinta fiscalía de Piura.

 

 "El motivo por el que estamos enviando este análisis para su consideración es que el Centro Legal de Defensores del medio Ambiente (EDLC, por sus siglas en inglés) se dio cuenta de la existencia de una cantidad de casos en todo el mundo en los que, como este, los defensores del medio ambiente que participan en oposición a proyectos propuestos de desarrollo (…) Estos enjuiciamientos buscan en esencia responsabilizar estricta y penalmente a estos ciudadanos por las acciones ilegales de otros".

 

HEWM contaba con 650 abogados en 14 oficinas de Estados Unidos y en el exterior. En tal sentido designó  a Garrett Byrne y Jack Anderson en Londres, además de Willian Forman, Matthew Benedetto y Lewis Gordon, éste ultimo Director del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente, quienes firman y sustentan el análisis legal presentado.

 

La abogada Quedena declaró que los organismos internacionales estaban siguiendo estos casos con preocupación: "estamos presentando un informe elaborado por un estudio Norteamericano (…) en la cual se establece jurídicamente  que  no existe los delitos  por los cuales se han denunciado estas personas y que son materia de esta investigación fiscal". (Puedes pedir una copia de esta entrevista en MP3 escribiendo a factortierra@gmail.com)

 

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