Lista para extenderse
Buscando autorización en terrenos donde existía desconfianza.
Por Nelson Peñaherrera Castillo
Catacaos, Piura – A inicios de 2007, Monterrico Metals tenía un año para dejar todo listo e iniciar operaciones. Minera Majaz, la entonces operadora local de la minera británica, buscó acercarse a comunidades de la costa de Piura. La finalidad era preparar terreno por donde pase un mineroducto para transportar material extraído desde las alturas hasta un puerto en el litoral de Piura.
De acuerdo a los datos que FACTORTIERRA conoció
a fines de 2006, el punto elegido inicialmente era la ciudad
de Paita, pero otra opción en la que se pensó
seriamente era Bayóvar (distrito de Sechura).
Bayóvar
tiene instalaciones apropiadas, y, en efecto, es usado por el Gobierno Peruano
para embarcar el petróleo que el Oleoducto Norperuano transporta desde el norte
del departamento de Loreto, en la región amazónica, y lo transfiere a través de
la Cordillera de los Andes, hasta alcanzar y cruzar el desierto de Sechura, para
finalmente llegar al Océano Pacífico.
Majaz
pretendía hacer casi lo mismo con el mineroducto: saliendo de Río Blanco (distrito de El Carmen de la Frontera), tomaría la Meseta Andina en los sectores altos de los distritos
de Pacaipampa y Frías, para aparecer por algún punto en la provincia de Morropón, ya en la costa, avanzar por el bosque seco de la Comunidad Ignacio
Távara (distrito de Chulucanas), la Comunidad
San Juan Bautista (distrito de Catacaos) y
terminar en Bayóvar.
Pidiendo una explicación
El 6 de noviembre de 2006, Luciano Avilés, de
la oficina de proyectos de Minera Majaz, envió una carta a los dirigentes del
caserío Mancomún Morante, en la jurisdicción de la comunidad campesina San Juan
Bautista. Avilés pedía a los dirigentes
autorización para ingresar al territorio de ese caserío con la finalidad de
instalar hitos. Una firma y un sello. Los términos corteses del funcionario no
fueron contestados de la misma manera.
Dos días
después, Miguel Silva y José Ricardo Sullón, presidente y secretario de la
comunidad campesina, respectivamente, aclaraban detalles. De entrada, el caserío
Mancomún Morante no existe (aunque la Carta Nacional del Perú registra a un
caserío Morante como uno de los límites de la comunidad), y los asuntos
relacionados con el uso del territorio no se tratan con dirigentes de caserío,
sino con la organización central.
“Parecería… que… pretende… ignorar la
verdadera razón social o persona jurídica con quien deben tratar estos
asuntos”, contestaron los dirigentes. A párrafo seguido agregaron que la
actitud de Majaz demostraba una total ignorancia de los derechos de las
comunidades sobre el uso de los territorios, y que la observación iba con copia
a la Dirección Regional de Energía y Minas, la Defensoría del Pueblo y la
Diaconía para la Justicia y la Paz de Piura.
Sonaba a provocación
La Defensoría del Pueblo, o al menos la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio
Ambiente, tenía su propia visión del caso. A un pedido de la Fundación Ecuménica para el
Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Defensoría
consultó al Ministerio
de Energía y Minas acerca de la presencia de la
minera en Río Blanco y alrededores.
Según
Defensoría, el ministerio “no cumplió con exigir a la empresa acreditar la
existencia de una autorización de los propietarios del terreno superficial, ni
verificó las formalidades legales que deben cumplir las autorizaciones”.
Defensoría instó al ministerio a que corrija estos problemas para evitar
conflictos posteriores.
Asimismo, la entrada de Minera Coripacha, que
se ligó a Majaz, fue también tema de una nueva gestión, ya que requería tener
la autorización de la Comunidad Segunda y Cajas para
operar. Coripacha, tal como su nombre lo dice al castellano, pretendía extraer
oro desde el suelo.
Permiso por solicitar
El gobierno peruano intentó acercarse a
dialogar en diciembre de 2006; pero todo quedó en un típico encuentro
diplomático y el ofrecimiento de visitar la zona para conocer el problema de
fuente directa. Las comunidades ya habían reaccionado nuevamente en el ámbito
internacional con una carta en la que pidieron parar el proyecto. La posición
era básicamente que salgan de su territorio y, si deseaba ingresar, que hiciera
el trámite ante la comunidad como ésta lo considera debido.
El Gobierno no respondió a esta carta promovida por FIAN Internacional, desde que el Perú “es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual esta consagrado el derecho humano a la alimentación”. FIAN recuerda también que el Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“El
Estado del Perú tiene que respetar y proteger estos derechos, especialmente el
derecho a la alimentación y al agua, el derecho de los pueblos indígenas de ser
debidamente consultados y el derecho a la integridad física de las personas”,
agrega. Mientras tanto, Monterrico avanzaba su estudio de factibilidad y
parecía recibir una oferta de compra para el proyecto Río Blanco, según
informó la agencia Sharecast, el 22 de diciembre de 2006. Algunos especulaban
que Xstrata hizo la oferta.
Plan Diablo
El Gobierno tampoco respondió a las denuncias
de que la empresa Forza, que daba servicios de vigilancia a Minera Yanacocha, pudo
espiar a dirigentes ambientalistas. Forza, fundada en 1991 por personas
relacionadas con la Marina de Guerra del Perú, también daba servicios de
vigilancia a Minera Majaz.
La
denuncia, hecha originalmente por Grufides en Cajamarca basándose en
información del entonces premio nacional de derechos humanos, Marco Arana, puso
en alerta a dirigentes en Piura. La entonces congresista
Marisol Espinoza pidió una profunda
investigación.
En 2006, un programa de televisión nacional
aseguró que el ex alcalde de Tambogrande, Francisco Ojeda, el abogado Quique
Rodríguez, el dirigente Mario Tabra, e incluso el fallecido
arzobispo de Piura, Oscar Cantuarias, estaban liderando una red dedicada a
fomentar protestas contra las mineras en Piura, todo bajo el auspicio de
Diaconía para la Justicia y la Paz y Patria Roja, el llamado brazo político de
Sendero Luminoso. Las acusaciones contra estos líderes nunca fueron probadas.
Según El Tiempo de Piura, la congresista Espinoza presentó la denuncia ante la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente del Congreso y mencionó que en la lista estaban
también la entonces secretaria ejecutiva de Diaconía, Eva Boyle, el entonces regidor
por Huancabamba, Benito Guarnizo, y el líder de esa localidad, Ramiro Ibáñez.
“Estoy indignada porque el Plan Diablo no sólo
considera seguimientos a autoridades en Cajamarca, sino también a comuneros,
representantes del Clero y autoridades de Piura y al corresponsal de El Tiempo,
Ramón Alvarez Andrade”, dijo Espinoza. El plan presenta mapas de poder sobre
líneas de los medios de comunicación, listas de periodistas y estudiantes a
capacitar. “Esta situación es más que preocupante”, acotó.
Espinoza promovió una moción el 21 de diciembre
de 2006 pidiendo tres meses para que
alguien explique todo esto, lo que nunca fue concedido.
Con informes de Luis Manuel Claps y La República. © 2007 – 2020 Asociación Civil Factor Tierra. Todos los derechos
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